En una de las últimas ediciones de Neuron Energy Talks, se tuvo la oportunidad de hablar con Francesc Tarongí, socio fundador de Enertikay un referente con más de dos décadas de trayectoria en el ecosistema productivo nacional. Durante el diálogo, Tarongí puso sobre la mesa una advertencia incómoda pero inaplazable: en México, la energía dejó de ser un simple renglón contable de costos para convertirse en el factor decisivo que determina qué empresas pueden expandirse, cuáles deben frenar operaciones y qué inversiones terminan retirándose antes de colocar la primera piedra.
Durante años, la conversación fabril se redujo a una lógica elemental: calcular cuánto costaba el kilovatio-hora a fin de mes y cuántos pesos se podían recortar instalando paneles solares en la cubierta. De acuerdo con el diagnóstico compartido por el especialista, esa visión lineal quedó rebasada por una realidad estructural crítica. El dinamismo manufacturero y el auge de la relocalización de cadenas de suministro se están estrellando de frente contra un límite físico evidente: el rezago en las redes de transporte, distribución y transformación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La industria mexicana crece a un ritmo sustancialmente mayor que la infraestructura pública. La consecuencia inmediata es que cada vez más compañías que acuden a solicitar mayor disponibilidad de carga para abrir nuevas líneas o ampliar plantas reciben una respuesta tajante: no hay capacidad disponible o los tiempos de espera resultan inviables. Para cualquier empresa con planes de crecimiento superiores al 15% a dos o tres años vista, auditar desde hoy la capacidad de la red en su zona geográfica ya no es un trámite administrativo secundario, sino la primera condición de supervivencia del proyecto.
La saturación del sistema no solo frena la cantidad de megavatios disponibles; también degrada su calidad. El problema de los microcortes y las caídas de tensión representa una sangría invisible para la manufactura avanzada. En sectores de alta precisión como el automotriz, una interrupción de apenas cinco milisegundos obliga a detener procesos continuos, provocando mermas que se traducen en decenas de miles de dólares por cada paro forzado. Sin una red estable, México no puede aspirar a albergar procesos industriales más sofisticados y competitivos.
El síntoma más agudo de este cuello de botella se observa en el auge de los centros de datos, especialmente en polos neurálgicos como el Bajío. Mientras la demanda de estas instalaciones ronda actualmente los 500 megavatios y se proyecta que alcance 1.5 gigavatios hacia 2030, desarrolladores internacionales han puesto en pausa proyectos multimillonarios tras toparse con esperas de tres a cuatro años solo para tener acceso a la interconexión eléctrica.
Ante este panorama, la respuesta técnica no consiste en sobredimensionar techos con celdas fotovoltaicas de manera indiscriminada, sino en diseñar trajes a la medida mediante ingeniería, digitalización y almacenamiento. La adopción de sistemas de baterías (BESS), por ejemplo, responde a cuatro criterios operativos claros: mitigar picos de consumo que disparan penalizaciones tarifarias, blindar procesos críticos frente a microcortes, almacenar excedentes solares para turnos nocturnos o aprovechar energía que de otro modo se perdería por restricciones de inyección a la red. Cumplir con al menos dos de estas variables justifica plenamente la inversión.
Asimismo, la sensorización hasta el nivel de máquina y el uso de inteligencia artificial para modelar curvas de carga y mantenimiento predictivo abren la puerta a ahorros de entre el 12% y el 20% en costos energéticos sin necesidad de desembolsos masivos. Como subrayó Tarongí durante el diálogo, la energía más económica y competitiva sigue siendo, invariablemente, la que no se consume.
A este reto operativo se suma la presión ineludible de las normativas internacionales. Con la expansión de los marcos ESG y los análisis de doble materialidad, las corporaciones multinacionales y los proveedores de primer nivel (Tier 1) están obligados a vigilar la huella de carbono de toda su cadena de suministro. La empresa mediana mexicana que ignore esta transición no solo perderá eficiencia; quedará automáticamente expulsada de las cadenas globales de valor.
La falta de capital ya no constituye una excusa válida: el mercado ofrece hoy esquemas como Energy as a Service y contratos privados de compraventa de energía (PPA) con periodos de retorno de entre dos y cinco años, o esquemas a siete años donde el activo pasa al usuario sin haber requerido inversión inicial.
México cuenta con el talento, la formación técnica y el empuje de una generación de ingenieros altamente calificados para sostener el liderazgo industrial de la región. Sin embargo, si las políticas y los presupuestos de infraestructura pública no aceleran el paso para acompasarse a la velocidad que demanda el sector privado, el país corre el riesgo de frenar en seco su mayor oportunidad de desarrollo frente a transformadores saturados y cables vacíos.
