La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una nueva Ley Orgánica de Minería que marca un giro histórico en la política económica del país: por primera vez en décadas, empresas privadas y extranjeras podrán participar activamente en la explotación de oro y otros minerales estratégicos. La medida se enmarca en un contexto de profundos cambios políticos tras la transición de gobierno ocurrida en 2026 y el levantamiento progresivo de restricciones por parte de Estados Unidos.
Un nuevo marco legal para atraer capitales
La legislación deroga normas vigentes desde 1999 y 2015, y establece concesiones de hasta 30 años —prorrogables por dos períodos adicionales de una década cada uno— para consorcios estatales, privados e internacionales. Aunque el Estado mantiene la propiedad sobre los yacimientos minerales, la ley incorpora mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de disputas, un elemento clave para brindar certeza jurídica a los inversionistas.
En materia fiscal, se fija una regalía de hasta el 13% sobre el valor bruto de producción y un impuesto del 6% a las actividades mineras primarias. La comercialización del oro quedará bajo la supervisión del Banco Central de Venezuela.
El interés del sector privado ya se hace sentir
La reacción de los mercados no tardó en llegar. Las acciones de Gold Reserve —empresa con reclamaciones históricas sobre los proyectos Brisas y Siembra Minera, expropiados en administraciones anteriores— se dispararon un 103% el 5 de enero de 2026. Solo el yacimiento Brisas concentra reservas estimadas en aproximadamente 10 millones de onzas de oro, con un valor cercano a los 44.400 millones de dólares.
Paul Rivett, vicepresidente de Gold Reserve, señaló que el cambio de gobierno generó un notable aumento en el interés de otras firmas mineras, y que la compañía evalúa distintos esquemas de participación, desde alianzas estratégicas hasta inversiones directas.
Inversión energética: la otra pieza del rompecabezas
En paralelo, la nueva Ley de Hidrocarburos busca consolidar la participación del sector privado en la operación, comercialización y distribución de productos energéticos, con esquemas transparentes para la distribución de dividendos entre el Estado y los socios privados. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, destacó que Venezuela alcanzó la autosuficiencia en combustible, sostenida íntegramente con producción nacional, tras la reanudación de acuerdos con empresas energéticas internacionales a principios de 2026.
Rodríguez informó además que más de 120 potenciales inversionistas del sector energético —en su mayoría estadounidenses— han visitado el país desde que asumió el cargo. La administración también subrayó mejoras en materia de seguridad pública, con una tasa de homicidios que habría descendido a tres casos por cada 100.000 habitantes, como parte de los argumentos para posicionar a Venezuela como un destino viable para operaciones industriales de gran escala.
Deudas pendientes y desafíos por resolver
Pese al optimismo, el país aún enfrenta obligaciones millonarias con conglomerados internacionales como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining, derivadas de nationalizaciones realizadas hace dos décadas. La nueva normativa apunta, en parte, a generar las condiciones necesarias para honrar estos compromisos y reintegrar a Venezuela a los circuitos globales de inversión minera y energética.
