Ciudad de México, 19 de enero de 2026. – El Gobierno de México publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular, una reforma de alcance nacional que impulsa un cambio estructural en la gestión de residuos y el ciclo de vida de los productos con la finalidad de reducir su impacto ambiental y recuperar valor económico de materiales desechados.
La Ley entra en vigor a partir del 20 de enero de 2026 y sus disposiciones obligan a autoridades de los tres órdenes de gobierno, productores, importadores y otros agentes económicos a adoptar principios de circularidad que buscan incrementar la vida útil de bienes, minimizar y valorizar los residuos, y promover una transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
Objetivos y estructura de la nueva Ley
El decreto publicado modifica y adiciona artículos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, dejando claro su carácter de orden público, interés social y observancia nacional.
Entre los objetivos principales de la norma destacan:
- Incrementar la vida útil de los productos mediante criterios de diseño, reparación, reutilización y reciclaje.
- Minimizar la generación de residuos, adoptando prácticas de prevención y jerarquización en la gestión de materiales.
- Recuperar y valorizar residuos, integrándolos nuevamente en cadenas productivas.
- Establecer corresponsabilidades entre el sector público, productivo y ciudadano para facilitar la implementación de modelos circulares.
La Ley también formaliza la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), lo que implica que quienes fabrican o importan bienes deberán asumir obligaciones relacionadas con el manejo de sus productos y empaques a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la disposición final o su reincorporación productiva.
Mecanismos de gobernanza y herramientas operativas
Para asegurar la coordinación y ejecución de las políticas públicas en materia de economía circular, la norma establece la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y conformado por diversas dependencias del Gobierno Federal, entidades federativas y gobiernos municipales.
Entre los instrumentos que se deberán desarrollar en los próximos meses destacan:
- Un Programa Nacional de Economía Circular, que definirá políticas, metas y actividades prioritarias.
- Distintivos o sellos para identificar productos que cumplan criterios de circularidad, brindando información veraz y accesible a consumidores sobre su desempeño ambiental.
- Adaptación progresiva de rellenos sanitarios para integrarse al modelo circular dentro de un plazo de cinco años, promoviendo su reconversión y la reducción de residuos destinados a disposición final.
Implicaciones para el sector productivo y la cadena de valor
La implementación de la Ley General de Economía Circular implica desafíos y oportunidades concretas para la industria, los productores y las cadenas productivas:
- Las empresas deberán rediseñar productos y empaques para facilitar su reparabilidad, reutilización o reciclaje, así como cumplir con mecanismos de gestión y registro de circularidad obligatorios cuando se definan en los acuerdos del sector.
- El sector productivo y comercial tendrá que coordinarse con autoridades ambientales, integrar sistemas de trazabilidad y reportes, y participar activamente en la transición hacia cadenas más sostenibles.
- La incorporación de materias primas secundarias y mecanismos de valorización puede generar nuevas oportunidades de mercado, innovación en productos y ventajas competitivas para empresas proactivas.
Un paso hacia un modelo sostenible y competitivo
Con esta Ley, México se suma a una tendencia global de transformación del modelo económico tradicional —basado en extracción y desecho— hacia uno que privilegia la circularidad, eficiencia de recursos y resiliencia ambiental y económica. La norma crea un marco jurídico que impulsa una nueva lógica de valor, en la que residuos y materiales pasan a ser recursos estratégicos y la colaboración entre gobierno, industria y sociedad se convierte en factor clave para el éxito de la transición.
Nota editorial
Este artículo se basa en la información publicada por La Jornada y en el Decreto de la Ley General de Economía Circular publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ha sido contextualizado y enriquecido con análisis de Neuron Energy Talks para ofrecer una perspectiva clara de sus implicaciones regulatorias y de política pública.
